La Cámara de Diputados definió el Acta de Labor Parlamentaria correspondiente a la vigésima Sesión Ordinaria del Cuerpo, integrada por los proyectos propuestos por los distintos Bloques políticos para la misma. Estas iniciativas fueron elevadas por los presidentes de las bancadas al presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat Lacroix, para su incorporación al temario previsto de la Sesión.
Cabe señalar que cada proyecto sólo será considerado para su tratamiento parlamentario en el recinto si cuenta previamente con los dictámenes emitidos por las comisiones correspondientes.
Acta de Labor Parlamentaria
1. Expediente Nº 91-54.512/26. Proyecto de Ley: Propone crear el Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. (B. Todos Por Salta)
Autoría: Dip. Gastón Galíndez.
Breve fundamentación: El presente proyecto de ley tiene por objeto crear el Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, con la finalidad de dotar a la provincia de Salta de un marco institucional moderno, permanente e integrado que fortalezca las capacidades del Estado para prevenir, reducir y gestionar los riesgos derivados de amenazas naturales y antrópicas, protegiendo la vida, los bienes, el ambiente y la infraestructura estratégica. La creciente frecuencia e intensidad de eventos adversos, sumadas a los efectos del cambio climático, el crecimiento urbano, la expansión de las actividades productivas y la mayor exposición de la población a diversas amenazas, evidencian la necesidad de consolidar una política pública que trascienda la respuesta coyuntural frente a las emergencias y avance hacia un modelo de gestión basado en la prevención, la planificación y la reducción de riesgos. La experiencia nacional e internacional demuestra que la gestión del riesgo constituye una responsabilidad indelegable del Estado y un componente esencial de la planificación del desarrollo. En este sentido, las políticas públicas más eficaces son aquellas que incorporan la gestión integral del riesgo como un criterio transversal para la formulación, implementación y evaluación de las acciones de gobierno, promoviendo la anticipación, la coordinación y la utilización eficiente de los recursos públicos. Bajo esta concepción, el proyecto propone institucionalizar un sistema de gobernanza que fortalezca la articulación entre los distintos niveles del Estado, los municipios, el sector privado, las instituciones académicas y científicas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, favoreciendo una gestión coordinada, participativa y basada en evidencia para la toma de decisiones. Asimismo, la iniciativa impulsa el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante la planificación estratégica, el desarrollo de sistemas de información, la consolidación de mecanismos de coordinación interinstitucional, la promoción de la capacitación permanente y la implementación de herramientas que permitan mejorar la prevención, la preparación, la respuesta, la recuperación y la reconstrucción frente a situaciones de emergencia y desastre. La creación del Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil permitirá consolidar una estructura permanente de coordinación y planificación, optimizando la utilización de los recursos disponibles, fortaleciendo la cooperación entre los distintos actores involucrados y favoreciendo una gestión pública más moderna, eficiente y orientada a resultados. La provincia de Salta, por sus características geográficas, ambientales, climáticas y sociales, enfrenta desafíos que requieren respuestas institucionales sostenidas y coordinadas. Contar con un marco legal específico permitirá fortalecer la capacidad preventiva del Estado, reducir la vulnerabilidad de las comunidades, proteger la infraestructura crítica y mejorar la resiliencia territorial frente a los diversos escenarios de riesgo. En definitiva, la presente iniciativa no se limita a regular la actuación frente a las emergencias, sino que consolida una verdadera política pública de Estado en materia de gestión integral del riesgo, incorporando principios de gobernanza, planificación estratégica, coordinación interinstitucional y fortalecimiento institucional, con el propósito de garantizar una Provincia más segura, resiliente y preparada para afrontar los desafíos presentes y futuros.
Sin dictámenes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Seguridad y Participación Ciudadana; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
2. Expediente Nº 91-53.956/26. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios para la reactivación efectiva de las obras de pavimentación en la Ruta Nacional 40, en los tramos Payogasta – Palermo y Seclantás – Molinos. (B. Todos Por Salta)
Autoría: Dips. Miguel Plaza, Fabio López, Patricio Peñalba, Ernesto Tapia y Héctor Vargas.
Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.
3. Expediente Nº 91-54.079/26. Proyecto de Ley: Propone crear el Régimen de Protección y Acompañamiento de la Maternidad y de la Primera Infancia. (B. Todos Por Salta)
Autoría: Dip. Laura Cartuccia.
Breve fundamentación: La Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la Provincia de Salta y la protección de la maternidad y de la primera infancia constituyen una obligación prioritaria del Estado. Las situaciones de vulnerabilidad social, económica y emocional inciden de modo determinante en la toma de decisiones durante el embarazo; por lo que resulta deber del Estado generar condiciones reales para el ejercicio libre y responsable de la maternidad.
Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; de Educación; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
4. Expediente Nº 91-54.206/26. Proyecto de Ley: Propone modificar la Ley 7838. (B. Por Salta)
Autoría: Dips. Juan Pablo Cuellar, Emmanuel Ayón, Edgar Domínguez, Rodrigo García, Carlos Jorge, Fabio López, Nicolás Taibo, Ernesto Tapia y Héctor Vargas.
Breve fundamentación: El presente proyecto tiene por objeto modernizar el régimen jurídico de administración, custodia y disposición de bienes secuestrados en causas penales previsto en la Ley 7838, incorporando mecanismos ágiles y controlados de afectación provisoria al uso público de vehículos y demás bienes registrables secuestrados judicialmente. La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la Ley 7838 ha evidenciado múltiples dificultades operativas vinculadas al mantenimiento y conservación de bienes secuestrados en el marco de procesos penales –especialmente automotores, motocicletas, embarcaciones y maquinaria–. En la práctica, una enorme cantidad de bienes permanecen durante años en depósitos judiciales, expuestos al deterioro, la vandalización, la pérdida de valor económico y la obsolescencia, generando además significativos costos de guarda y administración para el Estado. Esta situación ocasiona un doble perjuicio patrimonial para los eventuales titulares registrales de los bienes; y funcional, para el propio Estado, que ve privado de herramientas materiales susceptibles de ser destinadas transitoriamente a funciones esenciales de seguridad, investigación criminal, prevención del delito, asistencia social y protección ciudadana. El proyecto propone incorporar la figura de la afectación provisoria de uso público, diferenciándola conceptualmente del decomiso definitivo. En consecuencia, resulta necesario extender y sistematizar estas herramientas, permitiendo que los bienes secuestrados puedan ser afectados transitoriamente a funciones públicas esenciales, evitando su destrucción material y garantizando un aprovechamiento racional de los recursos existentes. Asimismo, el proyecto establece controles específicos respecto del uso de los bienes afectados: informes periódicos, seguros obligatorios, registración e inventarios técnicos, con plena preservación de los derechos de terceros y del debido proceso. En definitiva, la iniciativa persigue un doble objetivo: por un lado, optimizar la administración judicial de bienes secuestrados, preservando su valor y evitando su deterioro innecesario; por otro, fortalecer la capacidad operativa del Estado provincial en materia de seguridad, prevención e investigación criminal.
Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
5. Expediente Nº 91-54.388/26. Proyecto de Ley: Propone el régimen de renovación y ampliación del fomento a la generación distribuida de energía renovable y producción de biocombustibles en el sector agroindustrial. (B. La Libertad Avanza)
Autoría: Dips. Alejandro Esper, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Franco Lastra, Sergio López y Eduardo Virgili.
Breve fundamentación: El presente proyecto tiene por finalidad modernizar, unificar y dotar de plena operatividad el régimen provincial de fomento a las energías renovables y los biocombustibles en la provincia de Salta, resolviendo la fragmentación normativa existente mediante la modificación de la Ley 8372 y la derogación de las Leyes 7675 y 7676, en armonía con las Leyes 7823, 7824, 8086 y la Ley Nacional 27.424 de Generación Distribuida de Energías Renovables. La provincia de Salta cuenta con uno de los complejos agroindustriales más importantes del Noroeste Argentino. El Ingenio San Martín del Tabacal —hoy operado por Seaboard Energías Renovables y Alimentos— produce actualmente 1.000.000 de litros diarios de bioetanol y opera una planta de cogeneración eléctrica de 52,5 MW a partir del bagazo de caña, de los cuales aproximadamente 32 MW son despachados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de TRANSNOA. El Ingenio San Isidro, en el departamento General Güemes, suma capacidad en azúcar, alcohol y bioetanol con más de 400 empleos directos y 1.500 indirectos. Sin embargo, pese a la relevancia de estos actores, la Provincia no cuenta aún con un régimen provincial propio y articulado que integre energías renovables, inyección al SADI y producción de biocombustibles en un solo cuerpo normativo operativo. El presente proyecto resuelve esta carencia en tres planos simultáneos. En primer lugar, convierte la Ley 8372 en un régimen efectivo con beneficios tributarios directos (exención de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos), contratos de largo plazo con estabilidad fiscal de hasta 50 años, Certificados de Crédito Fiscal por el 70% de la inversión y auditorías periódicas. En segundo lugar, deroga las Leyes 7675 y 7676, cuyas referencias a la Ley Nacional 26.093 —hoy derogada y reemplazada por la 27.640— las convierten en normas desactualizadas, absorbiendo a sus beneficiarios sin solución de continuidad. En tercer lugar, reconoce el incumplimiento de once años de la obligación de crear el Registro de Plantas Habilitadas mandatado por el artículo 7° inciso h) de la Ley 7823, y lo subsana mediante el Registro Provincial operativo del artículo 8° de la presente. El proyecto se inscribe asimismo en el posicionamiento estratégico de Salta en el debate nacional de biocombustibles. La Provincia integra la Liga de Provincias Bioenergéticas que impulsa ante el Congreso de la Nación una nueva ley que eleve el corte obligatorio de bioetanol al 15% y reemplace el sistema de cupos por licitaciones transparentes. Una ley provincial que declare de interés estratégico la producción de biocombustibles y otorgue beneficios impositivos concretos fortalece la posición provincial en ese debate nacional y genera las condiciones técnicas y legales para que los ingenios salteños estén preparados cuando se implementen los nuevos mecanismos de licitación federal.
Sin dictámenes de las Comisiones de Energía y Combustibles; de Obras Públicas; de Producción; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
6. Expediente Nº 91-54.519/26. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo correspondiente, convoque a una Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo, a fin de elaborar una posición común de la Provincia, aportar evidencia técnica a las autoridades nacionales y efectuar el seguimiento de la implementación del régimen del Decreto Nacional N° 438/2026. (B. Unión Salteña – UCR).
Autoría: Dip. Matías Monteagudo.
Con dictámenes de las Comisiones de Producción; de PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR; y de Hacienda y Presupuesto.
7. Expediente Nº 91-54.533/26. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Banco Macro S.A. implemente un plan especial de refinanciación de deudas para ser destinado a trabajadores, jubilados, pensionados, monotributistas y pequeños contribuyentes. (B. Todos Por Salta).
Autoría: Dip. Omar Exeni.
Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR.