En el marco del debate legislativo sobre el proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal, enviado a la Legislatura por el gobernador de la Provincia, la Cámara de Diputados analizó los principales ejes de la iniciativa junto a la Corte de Justicia, la Defensoría General y la Procuración General.
El encuentro, presidido por el titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y acompañado por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, constituye un paso clave hacia la modernización del sistema judicial provincial, con el objetivo de garantizar una justicia más ágil, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
En la reunión plenaria ampliada de las comisiones de Legislación General y de Justicia, presididas por la diputada Socorro Villamayor y el diputado Luis Albeza, respectivamente, diputados y senadores recibieron a la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; al juez de Corte, Pablo López Viñals; al Defensor General y presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez Villa; y al Procurador General, Pedro García Castiella.
Durante su intervención, la titular de la Corte de Justicia destacó los acuerdos a la reforma del Código Procesal Penal, subrayando que los cambios propuestos buscan optimizar la calidad del servicio judicial. En este sentido, Ovejero expuso los logros alcanzados desde la implementación del Plan Piloto de Oralidad en febrero de 2023, indicando que la experiencia ha demostrado resultados altamente efectivos, reduciendo significativamente los tiempos de duración de los procesos penales y logrando soluciones tempranas en más del 40% de los casos. Además, precisó que se modernizaron las salas de audiencia con sistemas de videograbación que permiten un acceso casi inmediato a los registros por parte de las partes involucradas.
La presidenta de la Corte también destacó el avance en la interconexión con el Ministerio Público Fiscal y el desarrollo del Sistema de Expediente Digital para el fuero penal. Por otro lado, detalló que la creación de la Oficina Judicial, encargada de la gestión administrativa y la organización de las audiencias, ha liberado a los jueces de estas tareas, permitiéndoles enfocarse exclusivamente en las decisiones jurisdiccionales. En tanto, ponderó la implementación de esta reforma y su impacto positivo para el servicio de justicia, enfatizando que la mayoría de las provincias han progresado con éxito hacia la oralidad plena mediante la adopción de un Código Procesal Penal actualizado y acorde a las necesidades actuales.
Por su parte, el juez López Viñals señaló que esta reforma culmina un proceso iniciado en 2011. En esta línea, planteó que en la actualidad se cuenta con un sistema totalmente escritural, por lo que resulta esencial transformarlo frente a los nuevos paradigmas, precisando que oralizar el proceso desde su inicio hasta su finalización es la mejor manera de hacer justicia. Además, destacó que el proyecto de Ley está alineado con la experiencia que ha desarrollado el Poder Judicial en materia de oralidad, lo que ha fomentado una cultura de negociación significativa. Según su análisis, Salta establecerá un modelo de calidad en la justicia penal que perdurará a lo largo de los años.
Por otro lado, el Procurador General, Pedro García Castiella, manifestó que las reformas propuestas facilitarán una gestión más eficiente y moderna del proceso penal, priorizando un enfoque restaurativo en lugar de un punitivismo frío y mecánico. En otro aspecto, enfatizó el rol central de la investigación y el papel del Ministerio Público Fiscal en este nuevo esquema, resaltando además la implementación progresiva y estructural de estas modificaciones en el sistema. Asimismo, acentuó que este esquema respeta los institutos actuales del derecho penal, a la vez que incorpora herramientas modernas que agilizan los procesos y favorecen resoluciones de conflictos mediante métodos alternativos, depurando cuestiones no controvertidas antes del juicio, consolidando así una justicia penal más ágil, restaurativa y eficiente frente a los conflictos que afectan a la sociedad.
En este marco, el Defensor General, Martín Diez Villa, remarcó la importancia de esta reforma, enfatizando, entre otros puntos, que se adoptará un sistema adversarial pleno, donde sus principios fundamentales garantizan que todas las partes tengan las mismas oportunidades y medios para defenderse y presentar sus argumentos, asegurando así un juicio justo y equilibrado. Al respecto, explicó la profunda adecuación institucional que conlleva la implementación plena de la oralidad en todas las etapas del proceso, por lo que subrayó la importancia de fortalecer la estructura de la Defensa Pública para brindar un servicio eficaz a quienes más lo necesitan.
Las modificaciones introducidas por la reforma del Código Procesal Penal se implementarán de manera progresiva, iniciando en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro, extendiéndose sucesivamente hacia los Distritos Judiciales del interior.
Durante el debate, se intercambiaron visiones y aportes vinculados a la propuesta, a la vez que los legisladores indagaron sobre los distintos aspectos en relación a la implementación de esta reforma en cada una de las áreas.
Recientemente las comisiones de Legislación General y de Justicia, abordaron y debatieron el proyecto de Ley con representantes del Colegio de Abogados y Procuradores, y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta.