La Legislatura sancionó la Ley de creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal, “Reprocann Salteño”, buscando avanzar en la regulación, trazabilidad y acceso seguro al cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos, en el marco de la Ley Nacional N° 27.350.
La iniciativa, impulsada desde la Cámara de Diputados a instancias de un proyecto de la diputada Laura Cartuccia y el senador Manuel Pailler, obtuvo media sanción unánime en dicho Cuerpo Legislativo el pasado 5 de agosto, y ahora, con su sanción definitiva, se convirtió en Ley.
La Ley sancionada establece que el registro será obligatorio y funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, e incluirá a pacientes y familiares que cumplan con los requisitos de la normativa nacional; productores autorizados con sede en la provincia; instituciones de la sociedad civil con personería jurídica vigente, con trayectoria en investigación, desarrollo e innovación de los beneficios del cannabis y sus derivados; así como laboratorios, universidades y centros de estudio públicos y privados que trabajen en el desarrollo científico y productivo del cannabis medicinal.
Beneficios de la nueva normativa y su integración con el sistema
La norma contempla que los pacientes registrados puedan adquirir y transportar cannabis medicinal dentro del territorio provincial, conforme a lo dispuesto por la legislación nacional. También se habilita a instituciones registradas y autorizadas a dispensar cannabis con fines medicinales bajo supervisión, con obligación de informar cada dispensa al Registro Provincial, integrando dicha información al Sistema de Historia Clínica Digital (SAFESA), conforme a la Ley Provincial Nº 8.431. Esto no solo reforzará la transparencia en las operaciones, sino también permitirá un monitoreo más eficiente del uso autorizado.
Asimismo, establece al Ministerio de Salud Pública como Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, y prevé la firma de convenios con organismos nacionales para garantizar la implementación plena del régimen legal vigente.